Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León negó un amparo al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores contra un probable juicio político en su contra.
El funcionario estatal había solicitado la protección federal en contra del Congreso del Estado al considerar que los actos reclamados estaban fuera de juicio.
Al interponer este recurso, el Secretario General de Gobierno buscaba evadir la sanción que le impondrá el Congreso del Estado debido a las faltas electorales cometidas en el proceso pasado.
Como se recordará, el Poder Legislativo cuenta en sus manos con el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de aplicar una sanción en contra del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y el Secretario General de Gobierno Manuel González Flores.
De acuerdo con la sentencia, emitida el pasado 25 de julio, los legisladores tendrán hasta el 20 de diciembre para sancionar al gobernador, luego de que se comprobara que 572 empleados estatales recaudaron firmas de apoyo para que ‘el Bronco’ lograra ser candidato.
La resolución del TEPJF señala que el mandatario estatal mantuvo una actuación dolosa por hacer uso de sus funcionarios para la recolección de las firmas, y también tuvo una actuación negligente, de acuerdo con la normatividad interna de la Administración Pública de Nuevo León.
En la denuncia, se exige también que se ejerza acción legal contra Manuel González Flores, actual secretario general de Gobierno, quien durante el periodo en el que se cometió el agravio se encontraba realizando labores como gobernador interino del estado.
De acuerdo con la ley ambos funcionarios estatales podrían recibir desde una llamada de atención, un apercibimiento, una multa, una destitución, y una inhabilitación.
Ante tal situación González Flores acudió el pasado 29 de agosto ante las instancias federales a promover este recurso que finalmente fue rechazado al día siguiente.
Al quedar sin efecto la solicitud la resolución continúa su curso por lo que los diputados tienen que acatar lo ordenado por el TEPJF.
De no cumplir con la medida implementada por el Tribunal Electoral, los legisladores caerían en desacato, entonces irían en contra de los diputados.
