Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- La Comisión de Puntos Constitucionales dio entrada a la iniciativa que deroga el artículo 106 de la Constitución local, a fin de que el titular del Poder Ejecutivo pueda ser juzgado, durante el tiempo que dure su encargo, por los delitos que cometa.
La Diputada María Dolores Leal señaló que en la Legislatura anterior se aprobaron diversas reformas al texto constitucional para crear el sistema Estatal Anticorrupción; sin embargo, por omisión no derogaron el artículo señalado, mediante el cual se mantiene la inmunidad al Gobernador del Estado.
El artículo 106 constitucional señala, textualmente que “el Gobernador del Estado solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su encargo”.
“Como se observa este artículo otorga inmunidad procesal al gobernador del estado, al establecer que sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común; pero no puede ser acusado por delitos del fuero común; lo que lo convertía en personaje intocable”, indicó.
La legisladora del Partido Nueva Alianza dijo que si se pudo derogar otros artículos porque este no.
“En sesión ordinaria del pleno, el nueve de marzo de 2017, la Septuagésima Cuarta Legislatura, al Congreso del Estado, aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado, con el objeto principal de establecer las bases constitucionales para crear el Sistema Estatal Anticorrupción” mencionó la Diputada Leal Cantú.
“Para ello se reformaron los artículos 53, 110 y 112 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 53 se eliminó el fuero constitucional a los diputados; en el 110 se agregó al Gobernador del Estado para que sea sujeto de juicio político y en el 112 se eliminó el requisito de la declaración de procedencia para estar en posibilidades de proceder penalmente contra el titular del Poder Ejecutivo y los demás funcionaros”, indicó.
El diputado Juan Carlos Ruiz García, del PAN dijo que la inmunidad de la que gozan el Presidente y los gobernadores, ha permitido que se generen “múltiples actos de corrupción y de impunidad, por lo que solo se explica la vigencia de dichos dispositivos en las respectivas Cartas Magnas , por el presidencialismo exacerbado que hemos padecido en el transcurso de nuestra historia”.
La iniciativa se da en el contexto actual donde se busca sancionar, incluso con la destitución, al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos, y también a funcionarios públicos del gobierno que participaron en la captación de firmas para la fallida candidatura a la Presidencia de la República.
