Por: Jorge Maldonado Díaz
Una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León es la que impulsara la bancada de Morena para que las personas sancionadas por faltas administrativas no vuelvan a ocupar cargos públicos en el Estado, Municipios u órganos autónomos.
La diputada Berenice Martínez Díaz dijo que su propuesta contempla modificaciones al artículo 59
Mencionó que de esta forma se encuentran alineando los principios de la Cuarta Transformación, fortaleciendo el combate a la corrupción y cerrando espacios de impunidad.
“Se reestructura el contenido del artículo 59 para eliminar ambigüedades y reforzar la obligación de que se realice la verificación de los registros y sistemas por parte de las personas encargadas del proceso de contratación, dicha verificación deberá documentarse y deberán consultarse los sistemas nacionales y estatales”, señaló.
La legisladora morenista señaló que la iniciativa desglosa que la omisión de esta verificación, falsedad del aspirante y contratación indebida serán consideradas faltas graves que deriven en la suspensión, destitución, sanción económica e incluso en la inhabilitación.
“Se incorpora la obligación de inscribir las constancias de inhabilitaciones o sanciones firmes por faltas graves y no graves a los sistemas en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes”.
“La omisión de inscripción de estas constancias también será considerada falta grave en términos de lo dispuesto por este artículo 59”, indicó.
La reforma, consideró la legisladora, refuerza los mecanismos de control y depuración del servicio público, al garantizar que las sanciones administrativas tengan efectos reales y preventivos, previendo la responsabilidad de las autoridades que omitan registrar dichas sanciones, y cerrando los espacios que hoy permiten el retorno de servidores públicos deshonestos.
