San Pedro Garza García.- Para formarse como testigos sociales, más de 25 ciudadanas y ciudadanos interesados en contribuir a la transparencia en las compras gubernamentales iniciaron en la Universidad de Monterrey un mes de capacitación gratuita, en un proceso que se extenderá hacia otras universidades.
El Curso de Capacitación para Testigos Sociales, que este año se realizará del 9 de julio al 3 de agosto en la UDEM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, durará 36 horas en total, divididas en cuatro semanas.
Teniendo como sede la Sala de Juicios Orales de la UDEM, se reunieron los aspirantes a ser acreditados por las universidades, en el evento presidido por Jacobo Tijerina Aguilera, director de la División de Extensión, Consultoría e Investigación de la UDEM; José Quiroga Castañón, coordinador de la Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia del Consejo Nuevo León; y Raúl Robles Gómez, encargado del Despacho de la Dirección de Transparencia de la Contraloría de Transparencia Gubernamental.
Quiroga Castañón afirmó que se busca incorporar a más ciudadanos capacitados en los procesos de adquisiciones de administraciones estatales y municipales, con previa acreditación ante la Contraloría del Estado.
Durante su mensaje, el funcionario estatal identificó tres ejes estratégicos para el combate a la corrupción, desde la prevención y eliminación de las causas, la detección e investigación de los actos ilícitos y las sanciones a los responsables con apego a la legalidad.
“Hoy en día, el testigo social es un brazo adicional para Contraloría para prevenir la corrupción, pero no podemos decir que solo participe sin tener un conocimiento previo”, indicó.
Quiroga Castañón señaló que al testigo social hay que “darle elementos, herramientas y arroparlo” para que su función como un elemento de prevención sea más productiva.
“(El testigo social) debe llevar un proceso en un padrón y una capacitación para participar en el proceso de contrataciones de obra pública, o inclusive de servicios importantes para el Estado; lo importante es formar una base de ciudadanos que nos ayuden a ser un vínculo de prevención”, expuso.
El ponente reconoció que aún falta adaptar la legislación vigente para dar existencia a la figura de “testigo social”, aunque la iniciativa está en proceso.
La primera sesión del curso, a manera de introducción, estuvo a cargo de Francisco Castro Oliva, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.
Quienes lleven este curso podrán sumarse a la veintena de egresados del curso anterior que, al término de este, se registraron como testigos sociales ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, que es la responsable del proceso.
Esta capacitación es posible gracias a la colaboración, formalizada en un convenio general firmado en 2018, entre estas instituciones de educación superior, la Contraloría del Estado y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.
En la UDEM se inició con la introducción, el marco normativo y principios básicos, para que después se continúe en el Tec de Monterrey con los procedimientos de contratación y las leyes en la materia, y concluir en la UANL con las funciones del testigo social y casos prácticos.
Un testigo social es un ciudadano que, luego de estar registrado como tal ante la Contraloría del Estado, participa como observador y con derecho a voz en los procesos de contrataciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Aunque la labor de los testigos sociales no recibe ninguna remuneración, su observación y posterior documentación es fundamental en la ejecución y transparencia de los procesos de compras del Gobierno del Estado y municipales a los que sean convocados a participar.
En este curso participarán ciudadanos de Nuevo León con estudios de cualquier ámbito o experiencia profesional, que no sean funcionarios públicos o no lo hayan sido en el último año, y que desean contribuir con su tiempo y capacidades a la transparencia y a los procesos de compras de los gobiernos estatal y municipales a los que sean convocados a participar.
