Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Ante el rechazo de las autoridades federales a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al Programa de Estancias Infantiles, la bancada de Movimiento Ciudadano promoverá la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La diputada Karina Barrón Perales mencionó que la CNDH acreditó la violación por parte de diversas autoridades del Gobierno Federal a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles.
Señaló que en este caso los apoyos eran para madres trabajadoras y padres solos, además impulsaba los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, lo que generó la emisión de la Recomendación 29/2019.
La legisladora lamentó la decisión de la Secretaría de Bienestar, la Secretaria de Hacienda, el DIF Nacional y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de rechazar la recomendación.
Para tal efecto dijo que ya se encuentra platicando con el Senador, Samuel García, a fin de solicitar la intervención de la CIDH.
“Se han vulnerado los derechos de niñas y niños con el recorte presupuestal al Programa de Estancias”.
“Exhorto a las autoridades involucradas a observar los mandatos de la Constitución General de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que protegen y garantizan los derechos de la niñez, para que se re establezcan los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias”.
“Debe darse una disculpa pública de las autoridades federales “por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles”, ello dañó su imagen y reputación”, añadió la legisladora de MC.
A falta de que se rinda el informe y en caso de persistir la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante la Fiscalía General o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.
Ante tal situación Barrón Perales fue contundente al señalar que nada ni nadie los iba a detener.
