Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- “Estamos aún en la revisión, estamos en ese análisis con el equipo jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos todavía en tiempo de que se haga y en su momento si es que así lo decidamos en presentarla lo estaremos informando”, declaró Sofía Velasco titular de la dependencia.
La Ley de Responsabilidades tiene por objeto prevenir y sancionar los actos de corrupción en los que incurran servidores públicos e incluso los particulares; sin embargo en el caso de estos últimos, existen en la misma ley y en otras disposiciones, mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción específicamente de las personas físicas y morales.
Lo aprobado por el Congreso local en el artículo 32 de esta Ley, obliga a los particulares y empresas que prestan servicios al gobierno, a presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y Fiscal de sus dueños, así como a accionistas y administradores, vulnerando el derecho a la privacidad de las personas y equiparándolos con las obligaciones que sólo corresponden a los servidores públicos, siendo una medida desproporcionada no contemplada en la Constitución Federal.
La Coalición Anticorrupción mostró su preocupación por dicha disposición en la Ley, y también alertó sobre la complejidad de su implementación, que además podría constituir una medida corruptogénica, es decir que, por su complejidad es propensa a crear oportunidades de actos de corrupción de servidores públicos, como lo puede ser la extorsión a particulares y empresas que deseen participar en licitaciones o concursos.
Ante tal situación, los organismos y la misma IP solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León que interponga una Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas por considerarlo violatorio de derechos humanos.
