Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- El Gobierno del Estado volvió a cumplir su amenaza al vetar siete leyes que recientemente habían sido aprobadas la mayoría por unanimidad por el Congreso Local.
Las reformas que fueron rechazadas por el mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, son la Ley de Cambio Climático, tres cambios al Código Penal entre los que sobresalen los delitos ambientales, la Ley de Victimas, la de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Este miércoles la Diputación Permanente dio entrada a los oficios enviados por el Ejecutivo estatal en donde emite una serie de observaciones a los mencionados expedientes.
“Escrito presentado por Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado, y Manuel González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 133 por el que se expide la Ley de Cambio Climático del Estado”, dijo Claudia Caballero, al dar lectura a los asuntos en cartera.
Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, cuestionó el que el Ejecutivo estatal haya vetado modificaciones legales a favor del medio ambiente, justo el día en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente..
El legislador se pronunció en contra del acto y le pidió al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, diez acciones a implementar a la brevedad posible.
“A pesar de que los legisladores buscan realizar mejoras en temas de medio ambiente, el Gobierno estatal les resta importancia”.
“El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, envió observaciones, sin embargo, no coincidimos con él, porque el Congreso Local llevó a cabo lo necesario para sacar adelante los temas”, refirió.
El diputado señaló que se volvería a votar dichas iniciativas en el próximo período ya que la entidad no puede quedarse rezagado en ese tema.
“El Gobierno no hace ni deja hacer y bloquea todos los avances que logra el Congreso local”.
El pasado 30 de mayo, el mandatario estatal veto también la nueva Ley de Archivos con el argumento de que se crean estructuras administrativas sin que haya un soporte financiero para éstas y un organismo descentralizado que sólo puede plantear el Estado.
