Monterrey, N.L. — Tras casi dos meses de investigaciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), impuso una multa de 6 millones 618 mil 690 pesos a la empresa Ternium México por el derrame de sustancias contaminantes en el arroyo La Talaverna, incidente que afectó zonas de San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Pesquería.
En un comunicado oficial, la Conagua confirmó que la sanción fue determinada luego de concluir el procedimiento administrativo iniciado contra la siderúrgica, la cual admitió haber registrado el derrame el pasado 17 de abril desde tanques de su planta de decapado ubicada en Churubusco.
El derrame de cloruro ferroso y agua ácida generó una fuerte reacción pública y política. Un día después del incidente, personal de la empresa fue visto realizando labores de limpieza en el área afectada. Cuadrillas con logos de Hylsa trabajaron en el sitio en días posteriores, mientras la contaminación era visible a simple vista.
El 21 de abril, la Conagua abrió formalmente el procedimiento sancionador, y el 25 de abril, el Gobierno de Nuevo León requirió a Ternium información detallada sobre sus procesos, además de emplazarla a presentar acciones de remediación y evidencia de limpieza en un plazo de cinco días.
En una carta dirigida a César A. Jiménez Torres, presidente de Ternium México, el secretario estatal de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, exigió un plan de contención y neutralización de los contaminantes, así como los permisos federales y estatales vigentes para el manejo de sustancias peligrosas.
El 27 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León advirtió que se aplicaría todo el peso de la ley. Paralelamente, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente constató daños en los tanques de almacenamiento, lo que provocó la salida del químico hacia el cauce natural.
Como medida de urgente aplicación, se ordenó la limpieza inmediata y remediación del arroyo La Talaverna.
Este hecho se suma a las crecientes preocupaciones sobre la actividad industrial en la zona metropolitana de Monterrey y el impacto ambiental de empresas de gran escala. Mientras tanto, organizaciones civiles y legisladores locales han exigido mayor coordinación entre el Estado y la Federación para evitar nuevos casos de contaminación impune.
