Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones elaboró el organismo Ciudadanos Contra la Corrupción para impedir que las compras oficiales se realicen sin verdaderos controles y puedan ser utilizadas para desviar recursos
Salvador Benítez, integrante del colectivo señaló que entre las propuestas destacan la creación de un instituto autónomo que, sin ser el ejecutor de las adquisiciones, tenga un papel regulador desde la elaboración de las bases de los concursos, la administración de la plataforma de compras, la creación de padrones de proveedores y catálogos de bienes y servicios debidamente evaluados para evitar contrataciones irregulares con empresas de “compadres”, fantasmas o incompetentes.
También se busca reducir la proporción de adquisiciones realizadas por adjudicación directa o por invitación, pues actualmente contrata así entre el 75 y el 85 por ciento de las compras.
La iniciativa será presentada al Congreso del Estado los próximos días para que los diputados la analicen
Salvador Benítez, integrante de CCC, explicó que la iniciativa será ajustada con las últimas observaciones para ser remitida al Congreso para su análisis.
Al respecto, Mariela Saldívar, legisladora de Movimiento Ciudadano señalo que por lo regular los gobiernos suelen convertir el área de adquisiciones en una fuente ilícita de ingresos y lo hacen porque carecen de sistemas eficientes de control.
Indicó que en ocasiones los compromisos políticos adquiridos previamente merman la posibilidad de realizar compras productivas en los entes de Gobierno.
“Las áreas de adquisiciones, las compras de gobierno, son una forma de financiamiento ilícito para muchas otras cosas en el sistema político. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente.
“Hemos visto adjudicaciones directas a contratos cuestionables ¿por qué? porque fue un compromiso previo. Es una realidad y lo tenemos que saber si queremos conocer el problema”.
La diputada coincidió en que debe existir un filtro que revise con lupa cada una de las compras realizadas por los diferentes entes de Gobierno.
“El primer paso es obligar que todas las adquisiciones pasen por un sistema, sin embargo, es necesario estudiar la viabilidad del proyecto para que se pueda ejecutar en la práctica, sin entrar en conflicto con las atribuciones de las dependencias gubernamentales”, aseveró.
