Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de fortalecer la protección de los estudiantes en las instituciones educativas, erradicar la violencia y el abuso en estos espacios, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local presento un par de iniciativas a la Ley de Educación.
La Diputada Melisa Peña Villagómez dijo que lo que se busca es la implementación de medidas más efectivas en la prevención, atención y sanción de la violencia escolar, incluyendo acoso y abuso, en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.
“Nosotros como legisladores hemos recibido muchos mensajes, llamadas, no nada más del nivel educativo, pues ya sea bachillerato, sino también de educación básica, en donde se están denunciando que algunos maestros también encubren bullying escolar, por lo que en el Código Penal ahorita vamos a estipular en el artículo 270 bis, dos, que cualquier director, profesor o persona de un plantel educativo que encubra ya sea desde acoso escolar, ya sea bullying hasta obviamente violación, tiene un piso mínimo de tres años de cárcel”, señaló.
Se propone que todos los docentes, directivos y personal administrativo reciban capacitación periódica en derechos humanos, manejo de conflictos y atención a víctimas de violencia escolar. La reforma también incluye sanciones claras para las autoridades educativas que omitan reportar casos de violencia o abuso.
Por otro lado, la diputada Peña presentó una iniciativa para adicionar los artículos 270 Bis 1 y 270 Bis 2 al Código Penal del Estado, con el fin de sancionar de manera más severa los delitos de abuso sexual y violación contra menores dentro de las instituciones educativas.
“Actualmente no está en la ley, no está en el Código Penal, es importante ya visibilizarlo, ponerle una sanción de delito mínima en lo que estamos planteando, que sea una sanción mínima de 10 a 18 años de cárcel cuando el delito de agresión sexual se cometa dentro de un plantel educativo”, dijo la legisladora local.
La propuesta establece penas de entre diez a dieciocho años de prisión para los agresores, así como sanciones de tres a siete años de prisión y multas de hasta 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los directores, docentes o autoridades educativas que no denuncien estos delitos en un plazo no mayor a 48 horas.
Asimismo, se contempla un aumento de pena si la omisión de denuncia contribuye a la revictimización del menor o al encubrimiento del delito.
Ambas iniciativas responden a la urgente necesidad de transformar las escuelas en espacios seguros, donde los estudiantes puedan desarrollarse sin temor y con la garantía de que cualquier forma de violencia será atendida y sancionada de manera efectiva.
