Por: Jorge Maldonado Díaz
Para garantizar que las escuelas publicas y privadas sean espacios seguros y libres de violencia, Miguel Ángel Sánchez Rivera, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano presento la iniciativa «Fortalecimiento de la Protección Estudiantil: Prevención y Sanción de la Violencia y el Abuso en Entornos Educativos».
El diputado federal dijo que su propuesta contempla reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar.
Así como la de establecer sanciones más severas para los delitos de abuso y violación cometidos en instituciones educativas.
El legislador federal acudió al Congreso del Estado en donde estuvo acompañado por sus compañeros del ámbito Local Melissa Peña y Baltazar Martínez.
En entrevista lamento los acontecimientos ocurridos en días pasados en el Tec Milenio y dijo que para que esto no se volviera a repetir.
Sánchez Rivera señalo que por el simple hecho de venir en la ley el delito de abuso sexual y no violación los responsables enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del delito, por lo que la iniciativa propone subsanarlo con penas más severas.
«Felicito a los alumnos que se organizaron y lograron este gran movimiento. Sin ellos, sin duda, no nos habríamos dado cuenta en todo Nuevo León. Es algo que nos preocupa como sociedad y que, por supuesto, no debe ser protegido, ni encubierto, y mucho menos volver a suceder», señaló Miguel Ángel Sánchez Rivera.
“Se establece como agravante específica el delito de violación en instituciones educativas, con un aumento de pena de 5 a 10 años de prisión”.
La iniciativa de reforma contempla la creación de un Comité de Prevención y Atención de la Violencia Escolar en cada escuela, integrado por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes para vigilar la correcta aplicación de los protocolos.
El legisladore federal señalo que dentro de la ley se establece la obligación para que todas las instituciones educativas cuenten con una bitácora escolar en la que se registren de manera detallada todas las denuncias de violencia, acoso, abuso o represalias.
Además, se elimina la discrecionalidad de los directivos escolares, exigiéndoles la notificando de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier situación de violencia, especialmente cuando la víctima sufra afectaciones psicológicas o físicas.
