Por: Jorge Maldonado Díaz
Una iniciativa de reforma presentó la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local para aumentar las sanciones a los conductores que invadan los cajones de estacionamiento de uso exclusivo para personas con discapacidad, así como las rampas para acceso a las banquetas.
La diputada Rocío Montalvo Adame señaló que de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, en Nuevo León hay cerca de 220 mil 206 personas con discapacidad, de las cuales 103 mil 024 tienen algún tipo de problema motriz, es decir, que presentan dificultades para caminar, subir o bajar escalones.
En el municipio de Juárez, en el cuál fue electa, dijo que habitan aproximadamente 5 mil 062 personas con discapacidad motriz, que con cierta frecuencia experimentan la invasión de los espacios de estacionamiento exclusivo, así como las rampas.
“Estoy proponiendo modificar la Ley que regula la Expedición de Licencias para Conducir e incorporar la suspensión de manera temporal de la licencia de conducir, que sea una sanción efectiva ya que buscamos eliminar la mala conducta que afecta los derechos humanos y el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad” declaró la diputada.
La suspensión de la licencia por estas obstrucciones será hasta por un mes a los conductores infractores, y en caso de reincidencia, suspensión por 2 meses.
“Es obligación de las autoridades tomar acciones efectivas para eliminar las barreras que impiden al colectivo de personas con discapacidad lograr su movilidad plena y efectiva por nuestras calles y banquetas”, expuso.
Mencionó que, aunque es competencia de los municipios la prevención y aplicación de sanciones a los conductores que no respetan las normas de tránsito, estos únicamente pueden aplicar multas económicas, lo que no ha logrado erradicar esta práctica.
En la actualidad el reglamento homologado de tránsito, los municipios sancionan la invasión de espacios exclusivos con multa de 3 a 5 UMAs lo que equivale hasta $566 pesos.
Expresó la diputada Montalvo que “más que medidas recaudatorias es importante darles a los municipios una ley más severa que les permitan imponer una sanción que sí pueda disuadir a los infractores, y evitar la reincidencia”.
