El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que al menos 30 menores de edad han sido asesinados en Sinaloa desde el inicio de la pugna interna en el Cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre. En total, la entidad ha registrado más de 800 homicidios en el mismo periodo.
Durante la conferencia matutina del gobierno, García Harfuch atribuyó la ola de violencia a la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que se intensificó tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos el 25 de julio. De acuerdo con la versión oficial, Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien facilitó su entrega a las autoridades estadounidenses.
“Que también la sociedad de Sinaloa sepa eso, las muertes que han sufrido estos menores de edad han sido provocadas por estos grupos delincuenciales”, afirmó García Harfuch al ser cuestionado sobre el impacto del crimen organizado en la niñez sinaloense.
Uno de los casos más emblemáticos es el de los hermanos Gael y Alexander, de 9 y 12 años respectivamente, quienes fueron asesinados junto a su padre el pasado 19 de enero. El crimen generó indignación y protestas masivas en Sinaloa, con ciudadanos exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, del partido Morena.
El funcionario aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado medidas para contener la violencia en la entidad, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en las escuelas, donde afirmó que “no ha habido ningún solo incidente violento”.
Además, destacó la detención de 899 personas vinculadas a la disputa criminal, lo que, según el gobierno, ha debilitado a ambas facciones del cártel.
“Lo que ha hecho la autoridad es reforzar la seguridad en el estado, debilitar las estructuras criminales y disminuir los homicidios en Sinaloa. Al reducir estos índices, también bajarán los homicidios de menores de edad”, subrayó García Harfuch.
A pesar de estos operativos, la violencia en Sinaloa sigue siendo motivo de preocupación, mientras la población exige acciones más contundentes para frenar el derramamiento de sangre en la entidad.
