En medio de quejas por la frecuencia irregular, unidades deterioradas y largas filas en los parabuses, el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad aprobó con 18 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones elevar la tarifa del transporte público de 15 a 17 pesos, con un incremento gradual de 10 centavos mensuales hasta agosto de 2026. La opinión será remitida a la Junta de Gobierno, encargada de determinar la tarifa final.
La sesión, realizada en plena temporada navideña, generó críticas. Jesús López, representante de Caintra, cuestionó la programación de reuniones en fechas festivas y sugirió posponer la Junta de Gobierno del 27 de diciembre a enero.
“Estamos viendo una falta de gobernanza al realizar sesiones en periodos no hábiles”, señaló.
Por su parte, Mario De la Garza, representante de los operadores, argumentó que el ajuste es urgente debido a la falta de unidades y el deterioro del sistema. Recordó que no ha habido incrementos en las tarifas tradicionales en los últimos 12 años, pero que la situación actual exige medidas inmediatas para garantizar el servicio.
Abraham Vargas, titular del Instituto de Movilidad, adelantó que el 60% de las rutas ya operan con pago electrónico a través de la aplicación Urbani y el objetivo es alcanzar el 100% para enero de 2025. Además, informó que el sistema será supervisado por un fideicomiso compuesto por los 10 bancos más grandes del país.
Aunque no se han autorizado incrementos en las tarifas de los camiones tradicionales desde 2012, los autobuses Muevo León han registrado ajustes, justificando la necesidad de homologar las tarifas para pagos electrónicos y en efectivo.
El intento más reciente de un aumento significativo ocurrió en 2019, durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, cuando se planteó un incremento de 6 pesos en Semana Santa. Sin embargo, la propuesta fue desechada tras las protestas ciudadanas.
