Por: Jorge Maldonado Díaz
Un nuevo revés es el que la Suprema Corte de Justicia de la nación le otorgó al Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda al rechazar el recurso de queja con el que pretendía dejar si efecto uno de los juicios políticos que el Congreso Local abrió en su contra.
El mandatario estatal recurrió a este recurso al señalar que los diputados locales habían reactivado el proceso sin que estuviera terminado el engrose de una controversia constitucional que promovió previamente, también para tratar de evitar el juicio político.
Sin embargo, este miércoles en sesión de pleno, los ministros de la Segunda Sala rechazaron la petición del mandatario estatal por mayoría y determinaron como infundados los agravios expuestos por el mandatario emecista.
Como se recordará, el Congreso Local abrió un juicio político en contra del mandatario estatal por no cumplir con lo estipulado en la ley.
Samuel García Sepúlveda decidió no enviar al Poder Legislativo el Presupuesto del 2023 para análisis de su contenido.
En su momento dijo que iba a ejercer el Paquete Fiscal del 2022 explicando que la Constitución federal y local, así como la Suprema Corte han avalado que los gobernadores que tiene en contra al congreso puedan aplicar el presupuesto del año pasado actualizado con inflación y con las nuevas participaciones federales.
Esta situación, ocasionó que el Congreso Local abriera un juicio político en contra de García Sepúlveda a solicitud del dirigente estatal del PRI José Luis Garza Ochoa y la Diputada federal del PAN Annia Gómez.
Sin embargo, la queja presentada por el mandatario estatal había frenado temporalmente el proceso desde el pasado 26 de junio, pero con la resolución ahora podrá reactivarse el juicio político.
Ahí se necesita el voto de dos terceras partes de los legisladores para que proceda el juicio político y la eventual sanción contra el Gobernador.
Cabe destacar que actualmente, la Comisión Anticorrupción se encuentra analizando los juicios políticos en contra del mandatario estatal, así como los veredictos emitidos por la SCJN y el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde le ordena a los diputados locales sancionar al mandatario estatal.
De acuerdo con las resoluciones, al Gobernador de Nuevo León se le acusa de haber intervenido en el pasado proceso electoral a favor de los candidatos de su partido Movimiento Ciudadano y también por haber utilizado recursos del erario público.
Además de no haber acatado la ley al no publicar los decretos aprobados por el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado.
