Por: Jorge Maldonado Díaz
En busca reducir los actos de corrupción y abuso de autoridad por parte de inspectores municipales en el estado, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial.
El diputado José Luis Garza Garza dijo que era necesario una etapa preliminar de orientación a los comercios, antes de imponer sanciones.
Aseguró que los comercios representan un pilar esencial de la economía local, sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan constantes extorsiones y abusos por parte de inspectores.
El legislador del partido naranja denunció que estos servidores públicos presionan para recibir sobornos a cambio de evitar multas, clausuras o suspensiones.
La iniciativa se basa en datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que reveló que, en 2020, se registraron casi un millón de actos de corrupción en trámites e inspecciones en todo el país, afectando a miles de comercios.
“Estos abusos afectan la credibilidad del gobierno y fomentan una cultura de desconfianza. Urge que implementemos medidas que protejan a los comercios y aseguren una regulación justa y transparente”, afirmó el legislador.
La iniciativa propone modificar los artículos 3 y 11 de la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública, con el objetivo de instaurar una fase de orientación previa a cualquier sanción.
En esta fase, las autoridades municipales deberán informar a los comerciantes sobre los permisos y regulaciones aplicables a sus negocios, en lugar de imponer multas de inmediato y para garantizar la transparencia, cada visita deberá quedar registrada en un acta circunstanciada con datos del comercio y del inspector, además de incluir testigos.
Garza Garza destacó que esta reforma representa un paso importante en la protección de los comercios ante posibles abusos. Los orientadores municipales, en lugar de sancionar, informan a los comerciantes sobre cómo cumplir con la normativa.
El nuevo proceso daría a los comercios un plazo de quince días como mínimo para subsanar cualquier omisión detectada. Solo después de este periodo, si las deficiencias persisten, se procedería con inspecciones adicionales y sanciones, de ser necesarias.
