Ciudad de México.- En una votación marcada por el debate y la confrontación entre fuerzas políticas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general una reforma en materia de Supremacía Constitucional, destinada a impedir que las modificaciones a la Constitución sean impugnadas o suspendidas a través de acciones legales.
Con 340 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 133 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la reforma avanzó en su fase inicial de aprobación.
La propuesta, presentada por el diputado Leonel Godoy de Morena, busca, según sus impulsores, brindar certeza jurídica al desestimar los recursos de control constitucional —incluyendo acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos— contra cambios en la Carta Magna. En su intervención, Godoy defendió la reforma argumentando que se preservan los derechos humanos y el juicio de amparo, mientras acusó de “mentir” a quienes afirman lo contrario.
Desde la oposición, las críticas fueron severas. La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, calificó la medida como un intento de instaurar “la supremacía de Morena” sobre la Constitución, los derechos fundamentales y la división de poderes. Desde la bancada del PRI, César Domínguez advirtió sobre el riesgo de que México se encamine hacia el autoritarismo, asegurando que la reforma representa un avance en la erosión de libertades políticas.
“El autoritarismo se forma de actos autoritarios, y esta reforma es un claro ejemplo de ello”, enfatizó Domínguez.
Lilia Aguilar, del PT, replicó las críticas argumentando que la reforma evitará interpretaciones de la Suprema Corte que, en su opinión, podrían generar una crisis institucional. Según Aguilar, la medida es necesaria para contrarrestar posibles “golpes de Estado legales” por parte de la Corte a través de interpretaciones de la Constitución.
El debate alcanzó un tono simbólico cuando la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, subió a tribuna acompañada de compañeros de bancada con veladoras y lápidas simbólicas, en alusión a lo que describieron como “la muerte del Estado de Derecho”.
Gómez Cárdenas señaló que la reforma busca someter la Constitución al servicio de intereses partidistas y llamó a la oposición a llevar el caso a organismos internacionales si es necesario.
La reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, busca establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda recibir ni resolver recursos de inconstitucionalidad sobre modificaciones a la Carta Magna, lo cual tendría implicaciones en futuras reformas.
Tras su aprobación en lo general, el proyecto pasará a su análisis en lo particular, donde se espera que el debate continúe.
