CDMX.- En una sesión marcada por protestas y enfrentamientos, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la llamada reforma de «supremacía constitucional», con 85 votos a favor y 41 en contra. La medida, promovida por Morena, elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, lo que provocó intensas reacciones de la oposición, que calificó la iniciativa como un paso hacia una «dictadura».
Durante la sesión, senadores del PAN tomaron la tribuna y, con pancartas que decían «Morena es la dictadura de México», expresaron su rechazo a la reforma. Entre consignas y el sonido de megáfonos, la oposición acusó al partido en el poder de despojar a la ciudadanía de herramientas para proteger sus derechos fundamentales. En respuesta, legisladores de Morena exhibieron pancartas con la leyenda «La oposición moralmente derrotada», desestimando las críticas y defendiendo la necesidad de la reforma para agilizar el proceso legislativo.
La controvertida reforma fue presentada apenas dos días antes de su aprobación, en un proceso acelerado que incluyó triple sesión en el Senado. La propuesta, respaldada por Adán Augusto López y Ricardo Monreal, líderes de Morena en las Cámaras, fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Para la bancada de Morena, la modificación busca evitar bloqueos judiciales a las reformas constitucionales, argumentando que este cambio permite una mejor operatividad del sistema legislativo. Sin embargo, la oposición advierte que esta medida deja a la ciudadanía sin medios de defensa ante posibles abusos de poder, lo cual, señalan, podría derivar en un «sistema autoritario» en el país.
Mientras Morena afirma que la reforma no elimina el control constitucional, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano insisten en que este tipo de acciones colocan a México en una senda antidemocrática. La bancada opositora promete continuar la resistencia y buscar el apoyo de la ciudadanía en defensa del equilibrio de poderes y la protección de sus derechos.
Con esta aprobación, se abre un nuevo capítulo en la polarización política del país, en donde las diferencias entre oficialismo y oposición parecen acentuarse, poniendo en debate el futuro del sistema de justicia y la democracia en México.
