El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión permitirá que el máximo tribunal del país analice los cambios constitucionales aprobados en septiembre pasado.
Como parte del procedimiento, el ministro solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que presenten informes detallados sobre el proceso legislativo que condujo a la aprobación de la reforma. Además, se requirió a los 32 congresos locales entregar información relevante sobre su participación y una copia certificada del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
El ministro también pidió la opinión de Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otorgando un plazo de 10 días naturales para responder. Asimismo, Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), deberá remitir en tres días naturales una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales que promovieron las inconstitucionalidades.
A pesar de la admisión de las acciones, el ministro González Alcántara aclaró que no se concederá la suspensión de la reforma judicial, explicando que la Ley Reglamentaria no contempla la suspensión automática de normas generales en casos de acciones de inconstitucionalidad.
“La admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general”, puntualizó el ministro.
En la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como improcedente un juicio de amparo promovido en contra de la publicación de la reforma. Sheinbaum explicó que, según el Artículo 61 de la Ley de Amparo, no es posible presentar un amparo contra una reforma constitucional. Además, señaló que su administración aún no ha sido formalmente notificada sobre el caso, aclarando que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación.
“Todavía no hemos recibido la notificación. Hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y no hay nada formal. Es curioso cómo la prensa lo tiene antes que nosotros”, señaló Sheinbaum.
Las acciones legales y los comentarios del gobierno federal reflejan el tenso ambiente político en torno a los cambios en el Poder Judicial, los cuales siguen bajo la lupa de la Suprema Corte.
