Nueva York, EE.UU.– A tan solo semanas de la audiencia de sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del fiscal federal Breon Peace, ha solicitado formalmente que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, sea condenado a cadena perpetua.
La petición, dirigida al juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, también incluye la imposición de una multa substancial al exfuncionario, declarado culpable de colaborar con el narcotráfico.
En un documento entregado el jueves 19 de septiembre, Peace destacó los motivos detrás de la solicitud del máximo castigo.
«El acusado se aprovechó de su posición de autoridad para recibir millones de dólares en sobornos del cártel que prometió combatir», subrayó el fiscal.
Según el documento, García Luna utilizó su poder, tanto bajo el gobierno de Vicente Fox como durante el sexenio de Felipe Calderón, para proteger y facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, contribuyendo a una conspiración que cobró miles de vidas.
La audiencia de sentencia se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, donde el juez Cogan decidirá el destino del exfuncionario mexicano. A pesar de las evidencias y testimonios presentados en su contra, García Luna ha mantenido su inocencia, afirmando en una carta enviada a medios de comunicación que rechazó un acuerdo con las autoridades a cambio de declararse culpable.
En dicha misiva, también acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de estar vinculado al Cártel de Sinaloa, lo que ha generado controversia en el panorama político.
Peace, en su escrito al juez Cogan, señaló que los delitos cometidos por García Luna no solo afectaron a México, sino que también contribuyeron a la crisis de opioides y violencia en Estados Unidos.
«El daño causado por el acusado es incalculable», enfatizó el fiscal, destacando las vidas perdidas y la adicción que sus acciones facilitaron tanto en territorio estadounidense como mexicano.
Si bien García Luna se enfrenta a la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua, también existe la posibilidad de una condena mínima de 20 años de prisión. En cualquier caso, el exfuncionario tendrá la opción de apelar el fallo, lo que podría prolongar el proceso judicial.
