En un movimiento que podría transformar el paisaje institucional del país, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este viernes en lo general el dictamen para eliminar siete organismos autónomos. Con 22 votos a favor y 17 en contra, la reforma en materia de simplificación orgánica propone que las funciones de estos organismos sean absorbidas por diversas dependencias del gobierno federal.
Las instituciones que se verían afectadas por esta reforma son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La propuesta ha generado un intenso debate, ya que se trata de órganos fundamentales en la estructura democrática y económica del país, que han jugado un papel clave en la transparencia, la regulación de mercados y la evaluación de políticas públicas. «Falta toda una ruta legislativa para que se logre, daremos seguimiento puntual y seguiremos defendiendo los derechos de los mexicanos. Esto se acaba hasta que se acaba. Lamentable», expresó en sus redes sociales la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, reflejando la preocupación que ha despertado esta iniciativa en diversos sectores.
El siguiente paso para este dictamen será su discusión en otras comisiones legislativas. De obtener un dictamen favorable, se turnará al pleno de la Cámara de Diputados y, de ser aprobado, pasará al Senado de la República para su eventual ratificación.
La eliminación de estos organismos autónomos plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la regulación y la transparencia en México. Los detractores de la iniciativa argumentan que podría centralizar el poder y limitar el acceso a información crucial para el ejercicio democrático. Por otro lado, los defensores sostienen que la medida busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia gubernamental.
La discusión apenas comienza, y en los próximos días, el debate legislativo y la opinión pública jugarán un papel crucial en determinar el destino de estos organismos y la arquitectura institucional del país.
