Por: Jorge Maldonado Díaz
El Gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda volvió a perder un recurso ante el Congreso local, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al mandatario estatal un plazo de 15 días para publicar el decreto 196.
En este expediente, los diputados modificaron la ley para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasa de la Tesorería a la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
La Primera Sala al realizar el análisis de la Controversia Constitucional le otorgó la razón al Congreso Local el pasado 22 de noviembre.
Sin embargo, el ejecutivo estatal hizo caso omiso ante este mandato judicial, por lo que la queja siguió.
De nueva cuenta, los ministros al revisar el dictamen y ver que no se ha cumplido el mandato judicial, emitió una nueva resolución.
En esta ocasión le dio al Gobierno del estado de Nuevo León, un plazo de 15 días para que haga la publicación en el Periódico Oficial.
Es decir, la administración encabezada por el Gobernador Samuel García Sepúlveda tiene hasta el próximo 14 de febrero para acatar la orden.
“Plazo de 15 días hábiles a efecto de que publique el Decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado, debiendo informar a esta Suprema Corte sobre el cumplimiento”, señala el documento.
En caso de no acatar la resolución, la administración estatal podría hacerse acreedora a una sanción.
“Si no publica en estos 15 días, la Presidenta de la Corte le daría un ultimátum de 48 horas y, si no, inicia un procedimiento, previsto en la Constitución federal que permite a la Corte separar del cargo al Gobernador y consignarlo ante un Juez de Distrito penal”, dijo Ricardo Támez consultor legal del Congreso.
Cabe recordar que los legisladores locales habían avalado el 15 de junio de 2022 una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Ante tal situación, el Gobierno del Estado decidió no publicar el decreto bajo el argumento que los legisladores le querían quitar atribuciones.
Ante esta decisión, el Congreso de Nuevo impugnó, a través de una controversia constitucional, en la que acusó que la omisión del gobierno violó la división de poderes.
