Por: Jorge Maldonado Díaz
Las dirigencias estatales y grupos legislativos del PRI, PAN y PRD manifestaron su total voluntad y disposición para atender el llamado de organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil a la gobernabilidad y respeto al estado de derecho.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación señalaron que la entidad nunca había atravesado una crisis de ingobernabilidad como la que hoy se vive.
Manifestaron que los legisladores emanados de sus partidos han actuado en estricto apego a la ley, ya que nadie puede estar por encima de ellas.
Acusaron al Gobernador Samuel García y autoridades estatales por estar constantemente infringiendo la Constitución Local.
Entre las arbitrariedades que dicen a cometido la administración estatal se encuentra la no publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado.
Se han vetado decretos o acuerdos aprobados por el Congreso del Estado en materias en las que la Constitución Local lo prohíbe.
A pesar de que la Constitución Local obliga al Gobernador a presentar el presupuesto de egresos del año siguiente a más tardar el 20 de noviembre, en 2022 y nuevamente en 2023, no se presentó.
Trata de imponer al Secretario General de Gobierno como encargado del despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya determinaron que el Congreso del Estado es el único facultado para nombrar a un Gobernador Interino.
La Tesorería Estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, así como cuentas personales de legisladores y actores políticos de estos partidos, utilizando para ello procedimientos ilegales que violan el debido proceso.
El Gobernador Samuel García, el Secretario General de Gobierno Javier Navarro, así como otros funcionarios del gobierno estatal, han inventado actos para ampararse en Reynosa, Tamaulipas y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
A través de las secretarías de Medio Ambiente, del Trabajo, de Salud, la Tesorería Estatal, Protección Civil y Agua y Drenaje se han realizado más de 350 actos de molestia (clausuras, suspensiones, inspecciones, colocación de reductores de agua, etc.) dirigidos a personas vinculadas a la oposición para amedrentar e intentar someter voluntad al partido del Gobernador.
El gobierno estatal ha retenido la entrega de recursos presupuestales a municipios gobernados por el PRI y el PAN, esto a pesar de existir determinaciones judiciales que ordenan entregarlo.
Esta serie de ilegalidades son una falta de respeto a la ciudadanía de Nuevo León, tienen que terminar.
