Por: Jorge Maldonado Díaz
Las pugnas entre el Gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda y el Congreso Local no tienen para cuando terminar, toda vez que este miércoles, el mandatario estatal presentó dos controversias más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora contra resoluciones del Poder Judicial del Estado.
El mandatario estatal recurrió a este recurso en primera instancia para tratar de suspender el veredicto del Tribunal Superior de Justicia en donde avalaba el reglamento para poder ejercer los recursos del Fondo de Municipios aprobadas por los diputados locales que asciende a los 2 mil 500 millones de pesos.
Inconforme por la expedición del Reglamento para la presentación de Proyectos y Ministración de Recursos del artículo 98 de la Ley de Egresos de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023, el ejecutivo quiere darle marcha atrás a este acuerdo.
La segunda controversia constitucional que se le dio entrada ante la Suprema Corte fue contra la suspensión de la aplicación de los artículos 1,5,6,7,8,9,10, 11 y 12 de dicho reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estafo el pasado 19 de enero del presente año.
Cabe destacar que al ser publicado el decreto, el ejecutivo estatal Samuel García Sepúlveda estableció que los municipios deberían de acatar reglas de operación para obras de pavimentación, movilidad, acciones de seguridad, parques y cualquier obra de infraestructura.
Incluso que para poder ejercer a esos recursos, los municipios interesados estaban obligados a presentar ante la Secretaría de Finanzas del Estado el o los proyectos u obras a realizar.
Esto no fue bien visto por los legisladores del PAN y del PRI por lo que el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Mauro Guerra Villarreal impugnó este reglamento ante el Tribunal Superior de Justicia estatal al considerar que invadía atribuciones constitucionales.
El TSJE concedió la suspensión para que no se aplicara, con el argumento de que “no se prive a los municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales frente a la sociedad”, situación de la cual, ahora el ejecutivo estatal se inconformo y recurrió a la Suprema Corte.
De acuerdo con registros públicos de la SCJN, el ministro Javier Laynez Potisek, será quien, en primera instancia, decida si da entrada a este par de controversias constitucionales, previo cumplimiento de requisitos de legalidad en este tipo de demandas.
Para este nuevo capitulo no hay fecha establecida para que se dé un veredicto final y establecer a quien se le da la razón.
