Por: Jorge Maldonado Díaz
El pleito jurídico entre el Congreso del Estado y el Gobernador Samuel García Sepúlveda no termina, toda vez que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León promovió un par de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ethel María Maldonado Guerra magistrada presidenta presentó una controversia constitucional en contra de la suspensión de un acuerdo promovido por la Sala Superior mediante el cual definió la competencia de sus salas ordinarias.
Como se recordará, el Congreso del Estado le ordeno a su Dirección Jurídica elaborar una controversia constitucional y/o una acción de inconstitucionalidad” en contra del acuerdo emitido por la Sala Superior del TJA, mediante el cual se definió los asuntos que sus salas ordinarias iban a tratar cada una.
De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial del Estado se estableció que su “Primera Sala Ordinaria, así como la Segunda Sala Ordinaria conocerán del procedimiento ordinario, mientras que la Tercera y Cuarta Sala Ordinaria conocerán del procedimiento oral”.
Como era de esperarse, los diputados de las bancadas del PRI y del PAN se inconformaron y rechazaron esta resolución del TJA del estado
Los legisladores calificaron de discrecional e injustificadaesta acción pues consideraron que puede afectar la imparcialidad y operatividad del Tribunal por la carga de trabajo “desigual” entre las salas.
Todas estas acciones legales forman parte de la disputa que actualmente enfrentan los legisladores de las bancadas mayoritarias y el mandatario estatal
Hay que recordar, que el ejecutivo estatal también presentó un recurso en contra de las reformas a la Constitución en donde los diputados aprobaron reformas que le quitan atribuciones al mandatario estatal como la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
De igual forma, diputados del PRI y PAN, mayoría en el Congreso de Nuevo León, han pedido iniciar un juicio político en contra de la magistrada del TJA, Norma Platas Gómez,
Lo anterior por haber admitir un juicio contencioso administrativo presentado por el gobernador Samuel García por el proceso iniciado en el Legislativo en su contra.
Las controversias constitucionales fueron turnadas a una ministra de la SCJN, quien tiene bajo análisis todas estas acciones jurídicas y se espera que pronto pueda presentar la resolución de las mismas.
