Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de sancionar a los servidores públicos que obstaculicen las investigaciones de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al artículo 226 Bis III del Código Penal.
La diputada Consuelo Gálvez Contreras, señalo que en la propuesta se pide una sanción a quien cometa este tipo de acciones de 2 a 8 años de prisión.
La medida se aplicaría a todo aquel funcionario que obstruya las investigaciones en feminicidios, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, política, económica, digital obstétrica y mediática.
La legisladora destacó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, en los últimos meses, en Nuevo León, se han dado casos no solo de violencia física, sino también de violencia política y económica, por lo que destacó que es necesario solucionar el problema por todos los frentes, incluyendo el de la impartición de justicia.
“Las estadísticas en feminicidios y violencia hacia la mujer siguen en aumento, pero también los casos de violencia política, violencia económica, psicológica, digital. Es urgente que ya pongamos cartas en el asunto y que en cada uno de estos casos no haya obstáculos para poder llegar a una sanción para el victimario”.
“Lo que buscamos con esta reforma es que el funcionario que se encarga de las investigaciones e impartición de justicia no eche estos casos por la borda y que se investiguen de una manera profesional, que haya una sensibilidad de ellos para atender, pero también para realizar las indagatorias necesarias; si esto no se diera así, el funcionario público puede ir hasta 8 años a prisión”, resaltó Gálvez Contreras.
La propuesta de reforma dice que pueden incurrir en delitos aquellos funcionarios públicos que en casos de cualquier tipo de violencia contra la mujer no cumplan una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente; ejecuten dolosamente actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida; nieguen, retarden o entorpezcan dolosamente la administración de justicia en casos de violencia contra la mujer; así como negar o impedir a la víctima o al imputado el ejercicio de los derechos constitucionales que le asisten.
Gálvez Contreras dijo además que en la entidad actualmente existen cinco municipios prioritarios donde se dictó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
Sin embargo, el pasado 23 de febrero del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitó a las autoridades federales promover la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de General Escobedo y García donde en las últimas semanas también se han dado casos de violencia contra la mujer.
