Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada de Movimiento Ciudadano impulsara una reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León a fin de que, a quien cometa el delito de violencia familiar en un menor de edad, se le aplique un agravante de dos terceras partes más a la pena que actualmente se establece.
La diputada Consuelo Gálvez Contreras destacó que la intención es que con esta modificación al 287 Bis 1 de dicho código.
Destacó que el hecho elevar la sanción, es con la intención de influir para que se reduzca de manera significativa la violencia física en los menores de edad.
“Lamentablemente hemos sabido en las últimas semanas que los padres le han quitado la vida a sus hijos, todos ellos menores de edad. Esto es un claro indicador de que tenemos un severo problema en los núcleos familiares y debemos combatirlo”.
“Con esta modificación, buscamos que se establezca claramente la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, al aumentar la pena contra quienes cometan el delito de violencia familiar contra ellos”, comentó la legisladora.
Según datos de la organización México Evalúa, durante el 2020 el Municipio de General Escobedo fue una de las ciudades con mayor frecuencia de victimización por violencia familiar a nivel nacional.
Así mismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, publicó que a enero de 2023 ya se tenían registradas mil 668 denuncias por violencia familiar, a comparación con la cantidad de mil 188 que se registraron en ese mismo mes en el 2022.
“Estamos viviendo momentos en que la normalización de la violencia en la familia está cobrando la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Como sociedad estamos permitiendo que vivan situaciones que ninguna persona, pero especialmente a ningún menor de edad le corresponde vivir, y a nosotros nos toca realizar acciones que permitan disminuir la no repetición de acciones graves contra los menores”, comentó.
Actualmente el artículo 287 Bis 1 del Código Penal establece solo este agravante a aquellos que violentan a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que no puedan resistir la conducta delictuosa, añadiendo en esta propuesta a personas menores de 18 años
