Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local presentó una iniciativa con el objeto de dar más facultades a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor al momento de actuar en caso de recibir denuncias en contra de este grupo vulnerable.
El coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona Domínguez expuso que cada vez son más las denuncias y quejas por la vulneración de los derechos de los adultos mayores, siendo lo más común, casos de violencia física y el abandono.
Y es que, según cifras oficiales de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, cada semana se reciben entre 40 y 50 agresiones físicas en contra de este sector de la población.
Es por eso que se propone que, al recibir denuncias, la Procuraduría cuente con la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, aplicar arrestos por 36 horas, y de realizar cateos, indicó el legislador.
“En el contexto de la pandemia, según datos de la Procuraduría, los casos de quejas y denuncias aumentaron entre 40 y 50 reportes por diversas situaciones que ponen en riesgo a los adultos mayores, como la violencia física y el abandono”, dijo.
“Por eso es necesario fortalecer las atribuciones de la Procuraduría del Adulto Mayor a través de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que exista mayor eficacia y prontitud en la protección de los derechos de los adultos mayores que se encuentren vulnerables a expuestos a posibles delitos”.
Gaona explicó que al ser un grupo vulnerable, los adultos mayores están expuestos a posibles delitos, como violencia física o psicológica. Es por eso que para combatir este problema se propone modificar dicha Ley a fin de dar más “herramientas” a la Procuraduría.
Y es que existen casos en los que se dan este tipo de delitos, y posteriormente, los acusados tienen prohibido acercarse a los adultos mayores. Tras darse un apercibimiento, la Procuraduría puede aplicar sanciones económicas de 10 a 20 cuotas.
Y en caso de no acatar el apercibimiento, la Procuraduría puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, así como ejercer un arresto en contra de los acusados por hasta 36 horas.
Si las denuncias son por abandono, la Procuraduría podrá realizar cateos, tras solicitud de un juez competente.
