Presentan reforma para garantizar libertad de expresión

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Jorge Maldonado Díaz

Monterrey.- Una iniciativa de reforma al Código Penal y al Código Civil del Estado de Nuevo León presentó el Partido Nueva Alianza para permitir la libertad de expresión.

La Diputada Dolores Leal mencionó que la reforma elimina la penalidad respecto de la difusión de información por parte de cualquier medio de informaciones o juicios de valor que tratan hechos de interés público referidas a funcionarios, a personalidades públicas, cuando éstos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de interés público y en su lugar, se establecen reglas claras y concretas de responsabilidad civil.

“De aprobarse la presente reforma, Nuevo León, dejará de formar parte de los estados de Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán y Sonora, que mantienen en sus Códigos Penales la criminalización de los delitos contra el honor, lo que vulnera el ejercicio de la libertad de expresión”.

“La intimidación hacia los comunicadores, que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, resultan inadmisibles en un régimen democrático”, dijo la Diputada Leal.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Legislación y Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

La Diputada Guadalupe Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, con el propósito de modernizar y fortalecer las facultades parlamentarias de este Congreso como gestor de las demandas ciudadanas y sujeto activo en el sistema de rendición de cuentas de las autoridades públicas de la entidad.

“El propósito de la modificación es, en primer lugar, dotar de herramientas jurídicas al Poder Legislativo, para hacer efectiva la atribución con que ya cuenta, para gestionar la solución de demandas de los nuevoleoneses, y en segundo lugar, fortalecer el papel del Congreso, como sujeto activo en el sistema de rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la comunidad”, manifestó la Diputada Rodríguez.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.