Incumplen municipio con reglamentación anticorrupción

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Jorge Maldonado Díaz

Monterrey.- La bancada del Partido Nueva Alianza denunció que un total de 48 municipios violan el reglamento del Sistema Estatal Anticorrupción.

María Dolores Leal Cantú, coordinadora de la fracción aseveró que a excepción de Guadalupe, Monterrey y Allende, el resto de las administraciones municipales fallan en la publicación de su reglamento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por tal motivo solicitó que a la brevedad posible que los ediles cumplan con estas disposiciones legales a través de un exhorto.

Cabe recordar que el reglamento del SEA fue aprobado el 27 de junio de 2017, a pesar que ya han transcurrido dos años este continúa sin ser aplicado como lo marca la ley.

Este documento contiene la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado un mes después.

“Después de un año y ocho meses del plazo límite para expedir el reglamento anticorrupción, únicamente los municipios de Allende, Guadalupe y Monterrey han cumplido este mandato”.

“Si bien es importante el código de ética y conducta municipal, también lo es contar con la mencionada reglamentación”, dijo Leal Cantú.

Dijo que los 48 alcaldes han incumplido la divulgación de la reglamentación Anticorrupción correspondiente y que los obliga a crear como lo establece el Artículo 230 de la Ley Gobierno Municipal del Estado.

“La ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el Estado, la Federación y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción previsto en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, rigiéndose por los principios de transparencia y máxima publicidad”.

“El Sistema Estatal Anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia”.

El exhorto fue autorizado por el pleno por 35 votos de los diputados, sin abstenciones ni votos en contra.