Es aplicable ya la declaración 3de3 para empresarios

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Jorge Maldonado Díaz

Monterrey.- A pesar de contar con el desacuerdo de la Iniciativa Privada, finalmente la Ley de Responsabilidades Administrativas es ya una realidad en Nuevo León al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.

En dicha normativa se contempla la inhabilitación definitiva para poder desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público para aquellos que caigan en actos de corrupción.

Pero también obliga a la declaración 3de3 a proveedores de bienes y servicios que pretendan brindarlos a entes públicos.

El Gobernador Jaime Rodríguez publicó el decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado del 7 de junio y la norma entró en vigor, conforme lo establecen sus transitorios, al día siguiente.

Cabe destacar que esta ley desde su aprobación por el Congreso del Estado de inmediato causó polémica entre la Iniciativa Privada quien alegó que se estaban violando sus derechos.

Todo esto debido a que la ley obliga a los proveedores de las entes gubernamentales a publicar la 3de3.

Ante esto, el mandatario estatal, señaló que estaba de acuerdo con la normativa, al apuntar que la corrupción viene de dos partes, no solamente de un funcionario sino también de un empresario.

La publicación del decreto 144 consta de 92 páginas, el ordenamiento consta de 229 artículos y seis transitorios.

La nueva Ley establece como obligatoria la declaración 3de3 para todos los servidores públicos, persona física o moral -extendiéndola a socios, accionistas, propietarios y representantes legales de éstas- que sean contratados por cualquier ente público.

También contempla un sistema de verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales presentadas para que se revise el que no tengan un enriquecimiento inexplicable por el desempeño de su cargo y establece medios de defensa adecuados para los imputados, así como revisiones patrimoniales aleatorias para detectar enriquecimientos ilícitos.

Además, contempla la “muerte civil” para los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.

La publicación, que corresponde al ejemplar 70, no se había difundido en el portal de Internet del Periódico Oficial.