Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL.- La Comisión de Presupuesto del Congreso Local se encuentra analizando la solicitud de crédito por 1,250 millones que pidió el Gobierno del Estado para la presa Libertad.
Los legisladores integrantes de dicha comisión revisan con lupa la petición enviada por el mandatario estatal, Jaime Rodríguez, junto con el secretario General del Estado, Enrique Torres, y el tesorero del Estado, Carlos Garza.
De avalarlo, los funcionarios estatales comenzarán con la búsqueda de la institución financiera que les pueda otorgar dicha deuda.
Debido a que se atravesó el periodo de Semana Santa, los legisladores tuvieron que interrumpir los trabajos en el Congreso del Estado.
Sin embargo, se contempla que una vez que se reanuden los trabajos, las Comisiones reiniciaran las mesas de trabajo para sacar los expedientes que están pendientes entre ellos la del crédito solicitado por la actual administración.
La petición de este nuevo endeudamiento llega en el último año del Gobierno estatal y para un proyecto que ha enfrentado múltiples dificultades para arrancar.
La solicitud establece que el financiamiento sería por 25 años y comprometería los ingresos de Agua y Drenaje de 2021 y 2022.
Cabe destacar que la fuente de pago de esta nueva deuda serán los recursos que percibe, ingresos locales propios, por los servicios a su cargo, en el monto o porcentaje necesario y suficiente, sin aval ni respaldo del Estado de Nuevo León, dice la iniciativa con fecha del 24 de febrero.
SAyD, a cargo de Gerardo Garza, garantiza el pago de la deuda con ingresos propios futuros y presentes, correspondientes a la recaudación de las cuotas, tarifas o contraprestaciones por servicios públicos a su cargo.
La nueva deuda por mil 250 millones de pesos que pretende adquirir el gobierno del Estado que busca sea aprobada por los legisladores del Congreso local, será para la compra de más terrenos y estudios.
Agua y Drenaje de Monterrey ya había comprado 360 hectáreas para la construcción del vaso de la Presa Libertad, según informó Garza en junio de 2019 en rueda de prensa. Estos terrenos se habían comprado con la deuda anterior autorizada por el Congreso.
